La situación caótica en España y planes para el alzamiento, entre marzo y julio de 1936.
LA CONSPIRACIÓN DE LOS CORONELES.
Las reformas militares de Azaña había ocasionado numerosas quejas entre los oficiales del Ejército, muchos de los cuales no pidieron pasar a la segunda reserva porque dependían de su escaso sueldo militar para poder vivir. Por ello, tras el fracasado golpe de estado del general de división don José Sanjurjo Sacanell del 10 de agosto de 1932, y de los sucesos de Casas Viejas de enero de 1933, una serie de oficiales monárquicos desencantados con la violencia y revanchismo con que actuaba el gobierno de la República, se agruparon en torno a una organización llamada Unión Militar Española (UME), fundada a finales de aquel año, entre otros, por el comandante de Estado Mayor don Bartolomé Barba Hernández. El comandante Barba, nacido en Madrid en 1895, había sido uno de los capitanes profesores de la Academia General Militar bajo el mando del general Franco. Al proclamarse la Segunda República, el capitán Barba fue seleccionado para formar parte de los asesores del nuevo ministro de la Guerra y presidente del Gobierno, Manuel Azaña. Barba cobró notoriedad al declarar que, para reprimir la insurrección anarquista de Casas Viejas, Azaña había dado la orden de ”tiros a la barriga”. Barba fue apartado del ministerio y a partir de entonces mostró enemistad a Azaña. Ascendido a comandante, fundó la UME en colaboración con el coronel de Infantería retirado don Emilio Rodriguez Tarduchy.
El objeto de la UME era en un principio de reivindicación corporativa, sin un perfil ideológico definido, siendo el teniente coronel Valentín Galarza el coordinador general de las protestas de estos militares. pero con el tiempo a este objeto principal se sumó el de sumar adhesiones para una conspiración militar. Muchos de los integrantes de la UME eran oficiales retirados o agraviados por la llamada Ley de Azaña, disgustados con los acontecimientos y reformas ocurridas en el ejército; paradójicamente, algunos de ellos eran oficiales que habían colaborado con las reformas de Azaña. En 1936 tan solo un 10% de la oficialidad pertenecía a la UME.
La UME funcionó como un conjunto de juntas de jefes y oficiales existentes en las diversas guarniciones españolas, coordinadas por una Junta Central o Junta de Coroneles presidida por el fundador, Barba Hernández. Desde octubre de 1934 las juntas de guarnición pasaron a denominarse Juntas divisionarias, y la junta central pasó a ser la junta de coroneles rectora del Movimiento o Junta Superior. Entre los papeles que el gobierno requisó al comandante Lisardo Doval en Asturias en noviembre de 1933 se encontraron las siguientes notas[01]:
“En las primeras reuniones de Cortes será preciso solicitar autorización para que el ministro de la Guerra pueda revisar los expedientes y conceder el reingreso en el Ejército a aquellos jefes y oficiales retirados por el decreto Azaña que lo soliciten.
“Será preciso también nombrar con la posible urgencia una Comisión de Técnicos que se encargue de revisar toda la legislación dictada por el Gobierno siendo Azaña ministro de la Guerra y aplicada al Ejército, proponiendo las modificaciones que se juzguen necesarias. Esta comisión la integrarán tres jurídicos y un jefe de cada cuerpo y arma. Entre los asuntos a estudiar figurará el restablecimiento inmediato de los tribunales de honor».
La actividad de la UME estaba dirigida fundamentalmente a la captación de nuevos miembros y a la propaganda ideológica, era poco dada a planificación de acciones militares concretas y decisivas; y un exceso de burocracia inundaba sus reuniones, deliberaciones y decisiones. De hecho, aunque tuvieron contactos con los generales conspiradores y con el Director, el general Mola, su acción no fue decisiva para el triunfo del Alzamiento; todo lo contrario: en aquellas zonas donde la UME dominó, principalmente Barcelona y Valencia, la intentona fracasó.
LA CONSPIRACIÓN DE LOS GENERALES.
El nuevo régimen republicano surgido de la dejadez del rey Alfonso XIII para continuar con la monarquía porque, al parecer, los partidos monárquicos habían perdido las elecciones municipales de abril de 1931, concitó la oposición más o menos velada de varios generales y oficiales del ejército. De hecho, el decreto de 31 de mayo de 1931 publicó el pase a la situación de segunda reserva de siete tenientes generales, ocho generales de División y cuarenta generales de Brigada. Una serie de ellos conspiraron desde el mismo 1931 para derrocar la República, siendo su mayor logro el intento de golpe de estado protagonizado por el general de División don José Sanjurjo y Sacanell el 10 de agosto de 1932. Tras el fracaso de la conocida popularmente como la Sanjurjada y el triunfo de las derechas en las elecciones de noviembre de 1833, nada se conspiró nuevamente de forma relevante hasta finales de 1935.
En aquellas fechas los escándalos hicieron que los gobiernos entraran en crisis y se sucedieran unos a otros. El presidente Alcalá Zamora negó a Gil Robles su derecho a formar gobierno como jefe de la minoría parlamentaria mayoritaria en el Congreso, y convocó elecciones. Fue entonces cuando los tenientes generales Emilio Fernández Pérez y Emilio Barrera Luyando; los generales de división Manuel Goded Llopis, Rafael Villegas Montesinos y Joaquín Fanjul; y los generales de Brigada Luis Orgaz Yoldi, Enrique Varela Iglesias y Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, decidieron organizar un nuevo movimiento militar que evitara el imparable ascenso de las izquierdas revanchistas[02]. Su conspiración resultó ser más militar y politica que la de los coroneles.
El teniente general don Emilio Fernández Pérez había nacido en Madrid en 1871. Como oficial de Caballería participó en la guerra de Cuba entre 1895 y 1898. En 1911 fue destinado a las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, participando en varias acciones logrando su ascenso a teniente coronel en mayo de 1914. En 1919 ascendió a coronel y fue nombrado director de la Academia de Caballería de Valladolid en enero de 1919. Al conocer sus sucesos de Annual solicitó y le fue concedido el mando del regimiento de Caballería Alcántara, con el que ganó una Medalla Militar Individual en la acción de Tizzi-Azza del 8 de agosto de 1921. En septiembre de 1924 ascendió a general de Brigada por méritos de guerra. El 8 de septiembre de 1925 dirigió una de las dos columnas que desembarcaron en Alhucemas, teniendo a sus órdenes a los coroneles Manuel Goded Llopis y Adolfo vara de Rey. Un mes más tarde ascendió a general de División por méritos de guerra. En septiembre de 1926 presidió el tribunal militar que juzgó en Segovia al director de la Academia de Artillería y a 48 profesores. En julio de 1930 fue ascendido a teniente general y nombrado en agosto como capitán general de la Sexta Región Militar. Al proclamarse la Segunda República dimitió de su cargo y solicitó en mayo de 1931 el pase a la segunda reserva. En agosto de 1932 participó en el golpe de estado del general Sanjurjo; detenido en Madrid, fue arrestado en la prisión de Guadalajara. En julio de 1933 se celebró el juicio en el que fue sentenciado a reclusión perpetua; en agosto fue expulsado del ejército.
El teniente general Emilio Barrera Luyando, nacido en 1869, había sido el capitán general de Cataluña que sustituyó a Primo de Rivera tras su pronunciamiento, y ejerció el cargo entre 1924 y 1930. Al proclamarse la Segunda República participó activamente en las conjuras del teniente general Cavalcanti, el héroe de Taxdirt, y el general de Brigada don Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, y como principal responsable del intento de golpe de estado del general Sanjurjo de agosto de 1932. Exiliado fuera de España, regresó en 1934. En marzo de ese año viajó a Roma en representación de la UME junto con otros miembros de Renovación Española y de la Comunión Tradicionalista, para solicitar armas a Mussolini. En marzo de 1935 el Tribunal Supremo le sentenció a muerte por su participación en la Sanjurjada, pero se le amnistió.
El general de División don Manuel Goded Llopis, nacido en Puerto Rico en 1882, ingresó en la Academia de Infantería con catorce años. Participó en las guerras de Marruecos, donde ascendió en 1922 a coronel por méritos de guerra. En 1925 estuvo al mando de una de las unidades que desembarcó en Alhucemas, a las órdenes del general Emilio Fernández Pérez. Al año siguiente, 1926, ascendió a general de Brigada y fue nombrado jefe de Estado Mayor del general Sanjurjo en la última fase de la guerra. En 1927 ascendió a general de División por méritos de guerra. Como muchos otros militares, apoyó inicialmente la dictadura de Primo de Ribera, pero posteriormente se desencantó y formó parte de intrigas contra él. En enero de 1930 Primo de Ribera dimitió, y el general Goded fue nombrado subsecretario del ministerio de la Guerra. Cuando se proclamó la Segunda República, sus jefes valoraron su prestigio y hoja de servicios para nombrarle jeje del Estado Mayor Central. Sin embargo, el sectarismo del gobierno de izquierdas instalado en el gobierno, las reformas militares de Azaña y el proyecto de autonomía para Cataluña hicieron que Goded no aceptara con gusto en nuevo régimen. El 27 de junio de 1932 se produjo el incidente de Carabanchel, en el que Goded se enfrentó con el teniente coronel Julio Mangada y lo que motivó que Azaña sustituyera a Goded en el cargo por el general Carlos Masquelet Lacaci, reconocido masón y republicano[03]. En 1934 fue nombra Director General de la Aeronáutica militar y jefe de la Tercera Inspección del Ejército. A mediados de 1935 el general Goded contactó con la UME para conocer sus intenciones. En palabras de su ayudante, coronel Carlos Lázaro, el general Goded fue el verdadero jefe e inspirador de los primeros pasos del movimiento conspiratorio de generales.
El general de División don Rafael Villegas Montesinos había nacido en Córdoba en 1875. En 1893 ingresó en la Academia de Infantería de Toledo y en 1928 ascendió a general de División. La proclamarse la Segunda República fue nombrado jefe de la Primera División Orgánica, de guarnición en Madrid, de cuyo mando Azaña le destituyó por su participación en el incidente de Carabanchel de junio de 1932. El gobierno de Lerroux le nombró jefe de la Quinta División Orgánica, en Zaragoza, donde estuvo entre febrero de 1935 y enero de 1936. También era vocal de la Sala Militar del Tribunal Supremo.
El general de División don Joaquín Fanjul Goñi había nacido en Vitoria en 1880. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo con 16 años. Tras su paso por la Escuela Superior de Guerra, en 1905 era capitán de Estado Mayor. En 1909 participó en la campaña de Melilla como oficial del Estado Mayor y ascendió a comandante por méritos de guerra en mayo de 1910. En junio fue destinado a Melilla, donde ascendió a teniente coronel y llegó a ser jefe del Gabinete Militar del Alto Comisario Español en Marruecos. En 1918 se trasladó a Madrid, donde inició una carrera política que le llevó a ser elegido diputado por Cuenca en las elecciones de 1919, 1920 y 1923 como candidato conservador, mientras permanecía en situación militar de disponible. Terminó sus estudios de Derecho y comenzó a ejercer la abogacía. Cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, Fanjul se reintegró en el ejército; en 1924 ascendió a coronel de Estado Mayor y fue destinado al Protectorado de nuevo. Allí participó en la libración de Xauen y en varias operaciones contra el rebelde Abd el-Krim; fue jefe de los servicios de retaguardia durante el desembarco de Alhucemas y jefe de Estado Mayor de la Comandancia Militar de Ceuta en septiembre de 1925. Ascendió a general de Brigada en febrero de 1926. De regreso en la península fue gobernador militar de Cartagena en 1927 y responsable de actividades de industria militar a partir de 1928.
Al llegar la Segunda República se presentó a las elecciones del 28 de junio de 1931 y logró un acta de diputado por Cuenca por un partido agrario. Intervino varias veces con las Cortes en defensa de los intereses agrícolas y los derechos de propiedad del campo y se opuso al estatuto de autonomía de Cataluña. Como abogado en ejercicio, defendió al teniente general Cavalcanti y a otros oficiales acusados por su participación en la Sanjurjada. En las elecciones de noviembre de 1933, Fanjul revalidó su acta de deputado, pero en enero de 1934 Fanjul renunció a su acta por discrepancia con sus compañeros, que acababan de publicar una nota aceptando ”el régimen legalmente constituido como expresión de la voluntad nacional”.
Reintegrado en el Ejército, fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Segunda Inspección del Ejército. En mayo de 1935 Gil Robles, el nuevo ministro de la Guerra, nombró a Fanjul su subsecretario en el ministerio, para rectificar las reformas de Azaña, y le ascendió en julio a general de División. Para entonces, Fanjul ya había entrado en contacto con miembros de la UME. Cuando el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, negó a Gil Robles su derecho a formar gobierno como jefe de la minoría parlamentaria más numerosa, el general Fanjul ofreció a Gil Robles el apoyo de las tropas de Madrid para presionar al presidente. Franco se negó, como también otros mandos militares, para no convertir al ejército en árbitro de la política nacional.
El general de Brigada de Infantería don Luis Orgaz Yoldi había nacido en Vitoria en 1881. Participó en diversas acciones durante las guerras de Marruecos, y en septiembre de 1926 mandó como coronel una de las columnas que convergieron en Llano Amarilla a las órdenes del general Castro Girona. En 1929 formó parte de una columna que partió de Madrid dirigida por el general Sanjurjo para sofocar una rebelión contra Primo de Ribera surgida en Valencia. Ascendido a general de Brigada, tras la proclamación de la Segunda República participó en una conspiración monárquica en 1931, que hizo que Azaña le detuviera y confinara en Canarias en septiembre. Al año siguiente participó en la Sanjurjada y volvió a ser desterrado a Canarias.
El general de Brigada de Infantería don José Enrique Varela Iglesias había nacido en Cádiz en 1891, hijo del sargento 1º jefe de la banda de cornetas del 1er. Regimiento de Infantería de Marina. En 1909 se alistó como educando de corneta en la banda de su padre y tres meses después como soldado voluntario en el regimiento. En 1912 logró entrar en la Academia de Infantería de Toledo. Tres años después fue destinado como 2º teniente a Melilla. Destinado en el Grupo de Tropas Regulares de Larache nº 4 en 1916, obtuvo dos cruces laureadas de San Fernando por su arrojo valor en diciembre de 1921 y en julio de 1922, que le fueron impuestas por S.M. el rey don Alfonso XIII en Sevilla el 15 de octubre de 1922 en un solemne acto en el que la reina Victoria Eugenia entregó una bandera al grupo de regulares. El 12 de marzo de 924 ascendió a comandante por méritos de guerra. Un mes antes había sido nombrado alumno del Curso de Observadores de Aeroplano, impartido en Cuatro Vientos, y en mayo destinado a la Escuadrilla de Bombardeo de Melilla, donde intervino hasta en trece ocasiones contra la cábila de Beni Urriaguel. En octubre obtuvo el mando de una unidad irregular de 760 infantes y 100 jinetes conocida como la Harka Varela, al frente de la cual presionó y golpeó duramente las fuerzas de Abd el-Krim, quien puso precio a su cabeza. Durante el desembarco de Alhucemas la Harka Varela actuó en vanguardia de la columna del coronel Goded. En 1926 fue ascendido a teniente coronel y participó en las operaciones finales de pacificación del Protectorado al mando del Grupo de Fuerzas Regulares de Ceuta nº 3.
Finalizada la guerra, en 1929 ascendió a coronel por méritos de guerra. Tras una comisión para visitar diversas unidades en Francia y Alemania, en enero de 1930 obtuvo el mando del regimiento de Infantería Cádiz número 67 de Ceuta. Sus orígenes humildes y su gran prestigio hicieron que en octubre de 1930 los conspiradores de San Sebastián le propusieran unirse al golpe de estado que estaban preparando para traer la República a España, a lo que se negó. Proclamada la república, las reformas de Azaña le postergaron 54 puestos en el escalafón. Los actos de violencia y el clima de inseguridad que se vivía le hicieron implicarse en el intento de golpe de estado del general Sanjurjo. Fue detenido, procesado y recluido en prisión en Sevilla, donde conoció la Comunión Tradicionalista, a la que se uniría emocionalmente el resto de su vida; en la prisión de Guadalajara escribió las Ordenanzas del Requeté, que sirvieron para organizar las milicias tradicionalistas. En octubre de 1935 el gobierno le ascendió a general de Brigada.
El general de Brigada de Caballería don Miguel Ponte y Manzo de Zúñiga, VIII Marqués de Bóveda de Limia, nacido en Vitoria en 1882, participó en la campaña de Melilla de 1909 y permaneció en el territorio hasta 1912, que ascendió a comandante por méritos de guerra. Entre 1914 y 1919 fue ayudante de campo de Su Majestad, entrando en contacto Valentín Galarza, de la UME, ayudante de campo como él. En 1919 regresó al Protectorado como teniente coronel; entró en combate en varias ocasiones, fue recompensado, ascendido a coronel y destinado al mando del regimiento de Caballería Alcántara número 14. Vuelto a la península, ascendió a general de Brigada y en 1928 fue de nuevo nombrado ayudante de campo de Su Majestad. Tras la llegada de la Segunda República, cesó como ayudante el 16 de abril de 1931 y idió su pase a la 2ª Reserva el 16 de julio, que se le concedió. En 1932 participó en la Sanjurjada, lo que le llegó a exiliarse a Portugal.
La conspiración de los generales era más decididamente militar y política que la de la junta de coroneles. Los generales se reunieron en varias ocasiones en diciembre, pero la primera que tenemos documentada se celebró en enero de 1936 en casa del teniente general Barrera. Asistieron también representantes de la Junta Superior de la UME, y se fijó la fecha del viernes de las elecciones de febrero para realizar el movimiento, dejando el miércoles posterior como fecha alternativa. El alzamiento no se produjo porque los dos tenientes generales, Barrera y Fernández Pérez, abandonaron la conspiración por voluntad propia y porque el general Goded, director del alzamiento, fue destinado a Baleares. Los conspiradores reorganizaron la junta y nombraron al general Rodríguez del Barrio como nuevo jefe.
El general de División don Ángel Rodriguez del Barrio había nacido en 1876. Tras salir de la Academia de Infantería de Toledo fue enviado a combatir la insurrección en Filipinas. En 1909 lo encontramos en la campaña de Melilla y a partir de 1910 en Ceuta. En 1916 ascendió a coronel y al año siguiente formó parte de la Comisión Militar que visitó durante un mes el frente occidental en Francia. En 1924 ascendió a general de División. En abril de 1931 era gobernador militar de Tenerife, y el gobierno de la nueva República le nombró Comandante General de Canarias en sustitución del anterior capitán general. En noviembre de 1933 fue nombrado Inspector General del Ejército, y en el verano de 1935 se hizo cargo de la Primera Inspección del Ejército, en Madrid.
Tras las elecciones de febrero de 1936, el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Franco, quiso que el gobierno saliente presidido por el señor Manuel Portela decretara la ley marcial; para forzar la situación, envió un comunicado a todas las Divisiones Orgánicas instando a decretar el estado de Guerra. Así se hizo en Zaragoza, Valencia, Alicante y Oviedo, pero el resto no lo hizo y la proclamación fracasó. El nuevo presidente del Gobierno, don Manuel Azaña, alejó del poder a los generales que consideraba proclives a realizar un pronunciamiento; entre ellos se encontraban los generales Franco y Goded, quienes fueron destituidos de sus puestos en Madrid y enviados a las islas Canarias y Baleares respectivamente como comandantes generales.
El último día de la estancia del general Franco en Madrid antes de salir para las islas, en fecha tan temprana como el 8 de marzo, un grupo de once generales y un teniente coronel se reunió en Madrid en casa del corredor de bolsa José Delgado y Hernández de Tejada, simpatizante de la CEDA, de la calle General Arango 19, para debatir sobre la necesidad de dar un golpe de mano que derribara el Frente Popular y restaurar el orden en la República:
General de División don Rafael Villegas Montesinos, de 61 años, vocal de la Sala Militar del Tribunal Supremo, antiguo jefe de la V División Orgánica de Zaragoza entre febrero de 1935 y enero de 1936.
General de División don Joaquín Fanjul Goñi, de 55 años, cesado por el Frente Popular y disponible forzoso en Madrid. Se había presentado a las elecciones por Cuenca y obtenido acta de diputado con 53.277 votos, acta que fue anulada por el Frente Popular el 1 de abril.
General de División don Francisco Franco Bahamonde, de 43 años, recientemente destituido como Jefe del Estado Mayor del Ejército y nombrado Comandante General de Canarias. Franco, sin rechazar la conspiración, no acabó de comprometerse. Una vez en Canarias, su comportamiento fue siempre indeciso y cauteloso, sin acabar de decidirse.
General de División don Manuel González Carrasco, de 58 años, recientemente reintegrado al servicio activo tras ganar un recurso ante el Tribunal Supremo; en 1932 había apoyado el golpe del general Sanjurjo, y en 1934 había participado sin permiso en un acto político.
General de División don Ángel Rodríguez del Barrio, de 59 años, inspector de la 1ª Inspección del Ejército, con sede en Madrid. En 1935 tuvo que ser intervenido de una dolencia grave. Su salud no era buena, y moriría de cáncer de estómago en noviembre de 1936 en Madrid.
General de División don Andrés Saliquet Zumeta, de 58 años, retirado tras acogerse a las reformas de Azaña.
General de Brigada de Infantería don Emilio Mola Vidal, de 48 años, recién nombrado gobernador militar de Pamplona y jefe de la 12ª Brigada de Infantería, tras su reciente cese como jefe de la Circunscripción Oriental de Marruecos, con su Cuartel General en Melilla, donde había permanecido seis meses escasos. Mola había sido enviado a la segunda reserva por el señor Azaña tras la fallida sublevación del general Sanjurjo, a pesar de no haber participado en ella, pero fue finalmente anmistiado en mayo de 1934, siendo destinado al Estado Mayor Central del Ejército hasta su nombramiento para Melilla en agosto de 1935.
General de Brigada de Infantería don Luis Orgaz Yoldi, de 50 años, separado del servicio y desterrado en Canarias por su participación en la fallida sublevación del general Sanjurjo.
General de Brigada de Caballería don Luis Miguel Llimia Ponte y Manso de Zúñiga, VIII Marqués de Bóveda de Limia, de 56 años, huido a Portugal desde su participación en el golpe del general Sanjurjo.
General de Brigada de Ingenieros don Miguel García de la Herrán, de 56 años; sin mando desde 1931, apoyó el fallido golpe del general Sanjurjo; encarcelado en agosto de 1932, fue amnistiado por el gobierno de Lerroux en 1934, pero quedando en Madrid sin destino.
General de Brigada de Infantería don José Enrique Varela Iglesias, de 44 años. Participó de coronel en el fallido golpe del general Sanjurjo con la misión de sublevar Cádiz. Tras su detención fue encarcelado, y en prisión conocería a personalidades carlistas, Manuel Fal Conde entre ellos, y leería libros sobre esta ideología. Como consecuencia, el coronel Varela se adhirió al carlismo y, tras su liberación de la carcel, supervisó la instrucción de las milicias navarras, que en primavera de 1936 sumaban unos 30.000 voluntarios. Reingresado en el ejército, en octubre de 1935 ascendió a general de Brigada.
Teniente coronel de Infantería don Valentín Galarza Morante, de 54 años; participó en el golpe fallido del general Sanjurjo y fue miembro fundador de la Unión Militar Española (UME). Estaba destinado en el Ministerio de la Guerra, en Madrid.
Los reunidos acordaron nombrar al general Rodríguez del Barrio como coordinador general del alzamiento y ofrecer al general Sanjurjo, exiliado en Portugal, la jefatura del movimiento. Fijaron el 20 de abril como fecha para el alzamiento. Ese día el coronel Varela debería hacerse con el control del Ministerio de la Guerra, el general Orgaz de la 1ª División Orgánica, y los generales Villegas, Fanjul y González Carrasco deberían actuar en Tarragona, Burgos y Barcelona respectivamente. La idea era hacerse con el control de la capital e irradiar el golpe hacia la periferia.
Pero llegó el 20 de abril y no ocurrió nada. Los conjurados fijaron el 11 de mayo como nueva fecha, coincidiendo con la ceremonia de juramento ante las Cortes del señor Azaña como nuevo presidente de la República, y nombraron a los generales Villegas y Fanjul como nuevos responsables del alzamiento. Tampoco el 11 de mayo ocurrió nada, y el general Mola fue elegido como el Director del alzamiento. En el desempeño de este cometido, el general Mola emitió hasta un total de trece directivas e instrucciones dando normas de actuación concretas para llevar a cabo un plan de ocupación de la capital desde las guarniciones de la periferia, con cinco ejes de progresión y columnas de fuerzas sublevadas [01]:
Se trataba de un plan que basaba su éxito en la rapidez de los movimientos y la brevedad de la acción, calculada en un máximo de cuatro días, y en la suposición de que ni las tropas de Asalto, Guardia Civil y milicias de izquierdas ofrecerían resistencia ante la sorpresa y audacia de los sublevados.
No obstante, hubo intentos por parte de los militares implicados en la sublevación de evitarla, llamando la atención de los políticos en las consecuencias que podrían tener los contínuos desordenes públicos y estado general de agitación en España [02]:
Para ilustrar el clima de violencia de España, digamos que desde el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 febrero de 1936 hasta la fecha del alzamiento el 18 de julio en España estuvo vigente el estado de Alarma sin solución de continuidad. Entre el 17 de febrero y el 1 de marzo, durante los primeros trece primeros días del Frente Popular, hubo en España los siguientes incidentes, calificados por el general Pozas, director general de la Guardia Civil, como "manifestaciones de alegría republicana" [03]:
El 9 de marzo, al llegar a Cádiz camino de Canarias, el general Franco encontró que habían quemado varias iglesias y un convento, este último cerca del cuartel regimiento de guarnición en la ciudad. Preguntado el coronel de la unidad porqué no había reaccionado ante el atentado, el coronel respondió al general que había cumplido las órdenes recibidas de no actual, a lo que el general Franco respondió indignado que "cuando las órdenes son indignas, no las debe cumplir ningún jefe de nuestro ejército" [04].
Un mes despues de las elecciones, dos días después de que el Gobierno hubiera declarado que "el estado actual del orden público es satisfactorio", el señor Azaña escribió las siguientes palabras en su diario[05]:
"Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de la derecha y el registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes, Madrid: tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas... Han apaleado [...] a un comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de Artillería; en Logroño acorralaron y encerraron a un general y a cuatro oficiales. [...] Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias."
El 15 de abril, la víspera del entierro del oficial de la Guardia Civil asesinado por unos pistoleros de izquierdas durante la conmemoración del 14 de abril, el líder monarquico señor Calvo Sotelo, en su intervención en el Congreso durante el debate sobre el estado del orden público, citó las cifras de desordenes ocurridos desde el 16 de febrero al 2 de abril, en tan solo mes y medio de gobierno del Frente Popular:
"... desde el 16 de febrero al 2 de abril, las violencias políticas han causado 74 muertos y 345 heridos, 73 centros políticos conservadores han sido asaltados o incendiados, así como 143 iglesias y decenas de domicilios privados, registros de la Propiedad, etc..."
El 16 de junio le tocó al señor Gil Robles citar en el Congreso el balance de disturbios desde el 16 de febrero, demostrándose con ello que la "alegría republicana" iba en incremento: 269 muertos, 1287 heridos, 33 periódicos de la derecha asaltados u dañados, otros 10 periodicos y 69 centros políticos destruidos, 113 huelgas generales y 228 parciales."
El 15 de julio las Cortes estaban cerradas, pero ese día la Diputación Permanente se reunió para debatir la prórroga del estado de Alarma en que vivía el país desde el advenimiento del Frente Popular en febrero. Gil Robles aprovechó su intervención para resumir las cifras de violencia del mes anterior: 61 muertos, 224 heridos, 74 bombas y varios arrasamientos de iglesias y centros políticos de la derecha; con estas cifras se llegó a los 330 muertos desde las elecciones de febrero.
Sobre las 22:00 horas del 12 de julio, unos falangistas según Paul Preston, o unos carlistas según Ian Gibson, asesinaron en la esquina de la calle Augusto Figueroa con Fuencarral al teniente José del Castillo Sáenz de Tejada, de 35 años, en venganza por el ataque que hizo el teniente el 16 de abril contra la comitiva del entierro del alférez de la Guardia Civil don Anastasio de los Reyes, asesinado dos días antes.
Aquel día, el 14 de abril, durante el desfile conmemorativo del quinto centenario de la proclamación de la Segunda República, unos pistoleros de izquierda dispararon contra el alférez por haber increpado a un grupo de personas que abuchearon a la Guardia Civil cuando desfilaba delante de ellos.
El entierro del alférez De los Reyes fue motivo de controversia, pues el gobierno no quería convertirlo en ocasión de una manifestación contraria al Frente Popular y pretendía que la familia lo enterrase en la intimidad; pero sus compañeros decidieron darle el mayor realce posible y finalmente, el 16 de abril, llevaron su féretro a hombros por las calles de Madrid en dirección al cementerio de la Almudena, acompañado de numeroso público. El duelo fue objeto de diversos ataques con pistolas y ametralladoras, provocando disturbios, tumultos y varios tiroteos durante todo el trayecto. Finalmente, al llegar a la plaza de Manuel Becerra, fueron disueltos por las armas de fuego de un contingente de guardias de Asalto al mando del teniente Castillo, ocasionando cinco muertos y treinta y dos heridos entre los miembros de la comitiva [06]. El teniente Castillo, miembro de la UMRA, había estado implicado en el golpe socialista contra la República en octubre de 1934 por negarse a reprimir a los obreros sublevados, y era el instructor militar de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), dirigidas por un joven Santiago Carrillo de 21 años.
A las pocas horas de la muerte del teniente Castillo, diversos jefes de policía exigieron al ministro de la Gobernación, señor Juan Moles, realizar una razzia contra elementos de la derecha en venganza por la muerte del teniente, a lo que el ministro no solo accedió, sino que les proporcionó nombres y domicilios donde actuar [07]. Además, en el cuartel de Pontejos de Madrid, se organizaron dos grupos para secuestrar y matar a Gil Robles y a Calvo Sotelo, los líderes parlamentarios de la derecha; estaban formados por varios guardias de Asalto, dos guardaespaldas socialistas de Indalecio Prieto, miembros de "La Motorizada", nombre de las juventudes socialistas madrileñas no integradas en las JSU, y otros dos milicianos socialistas afectos a Largo Caballero. El grupo que iba por Gil Robles fracasó, pues éste se encontraba ausente de su domicilio, de viaje. El grupo de Calvo Sotelo iba liderado por el capitán de la Guardia Civil don Fernando Condés, de 30 años, instructor de las milicias socialistas no integradas en las JSU, amigo personal del teniente Castillo y miembro de la UMRA. Vestido de paisano, entró en el domicilio de Calvo Sotelo, le conminó a acompañarle a la Dirección General de Seguridad, y le introdujo en una camioneta. Poco despues de emprender la marcha, sobre las 03:30 de la madrugada del 13 de julio, recibió dos disparos en la nuca que le mataron en el acto. Su cadáver fue abandonado en el cementerio del Este, hoy de La Almudena [08].
El asesinato de Calvo Soleto fue el detonante del inminente alzamiento. El teniente Castillo era un oficial del ejército que formaba parte de la violencia callejera que dominaba la vida española de aquellos aciagos días, y como tal fue asesinado por otros violentos como él. En cambio Calvo Sotelo era un parlamentario que fue asesinado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La muerte violenta, sin justificación y a manos del Estado eliminó cualquier duda que tuviesen los implicados en el levantamiento. Posibilitó el acercamiento sin reservas de los carlistas y acabó de decidir a los indecisos.
El general Mola siempre pudo contar con la colaboración de Falange Española en el levantamiento militar. Tras su detención el 14 de marzo de 1936 por haber roto los sellos del local de la calle Nicasio Gallego, cerrado por orden gubernamental, Jose Antonio Primo de Rivera envió una circular desde la cárcel Modelo de Madrid ordenando la colaboración con el ejército en caso de grave alteración del orden público; el 4 de mayo redactó un manifiesto a sus militantes pidiendo su colaboración en caso de sublevación, y el 29 de junio envio una circular a las jefaturas territoriales y provinciales de la Falange con las condiciones para participar en el levantamiento. En ella se dice que la Falange participará en el levantamiento con sus propias unidades, mandos y distintivos; que podrá poner a disposición de los jefes militares del territorio hasta un tercio de sus fuerzas para engrosar las fuerzas militares; que espera recibir armas pesadas del ejército, y da instrucciones sobre los plazos y lugares de concentración de sus fuerzas. Tan implicada estaba la Falange en el levantamiento que el 16 de julio, Jose Antonio, prevenido de la inminencia del levantamiento militar, había enviado un ultimatum al general Mola: si en 72 horas la rebelión no se desencadenaba, la Falange la comenzaría por su cuenta en Alicante.
Los carlistas estaban en contra de la Segunda República y sus desmanes, por lo que no es de extrañar que el general Mola contase con ellos; además, necesitaba sus requetés para hacer que el levantamiento triunfase en Navarra. En 1932 el coronel don José Enrique Varela se hizo cargo de la jefatura de los requetés, a los que estructuró militarmente en tres unidades tipo: la patrulla, que se componía de cinco boinas rojas y un jefe; el requeté, que formaba una unidad tipo compañía de 246 hombres; y el tercio, que estaba formado por tres compañías. En enero de 1934 publicó la Ordenanza del Requeté, que era el código de conducta que debería guiar a los combatientes carlistas. El teniente coronel don Ricardo Rada y Peral, antiguo jefe legionario, en situación de reserva por aplicación de la "ley Azaña", y afiliado a Falange y posteriormente a la Comunión Tradicionalista, fue nombrado Inspector General de Requetés en mayo de 1935, y logró organizar y encuadrar a unos 30.000 voluntarios en toda España antes del levantamiento.
Sin embargo las negociaciones con los carlistas fueron más largas y complicadas de lo esperado. Su líder, don Manuel Fal Conde, había sido nombrado jefe delegado de la Comunión Tradicionalista por el pretendiente Alfonso Carlos de Borbón en diciembre de 1935. Los primeros contactos con el general Mola se realizaron en mayo; los carlistas pretendían alzarse bajo la bandera roja y gualda, restaurar la monarquía, suprimir los partidos políticos, adoptar la doctrina tradicionalista, y que la Comunión Tradicionalista tuviese el protagonismo en la dirección del nuevo estado, mientras que Mola planeaba una dictadura militar republicana y alzarse bajo la bandera tricolor. Ambos líderes se reunieron en el monasterio de Irache el 15 de junio, donde se limaron algunas asperezas, como la integración de los requetés en el ejército; pero las posiciones politicas estaban tan enconadas que el 1 de julio el general Mola calificó de inadmisibles las peticiones carlistas, el 9 de julio se produjo la ruptura entre Mola y Fal Conde y se canceló el levantamiento de Pamplona previsto para el 12 de julio. Pero el asesinato de Calvo Sotelo la madrugada del 13 de julio dispuso los ánimos al acuerdo y los carlistas aceptaron las condiciones del levantamiento, dejando en manos del general Sanjurjo las discusiones posteriores sobre el nuevo régimen.
A finales de junio los preparativos del alzamiento estaban prácticamente finalizados. Se supone que para entonces el general Franco debía haber dado su consentimiento para participar, porque el 1 de julio un tal Francisco Herrera, amigo personal de Gil Robles, el líder de la CEDA, visitó al general Mola en Pamplona con objeto de obtener su visto bueno para alquilar un avión que trasladase al general Franco desde Canarias hasta Marruecos, para ponerse allí al frente de las fuerzas levantadas.
El día 4 de julio el financiero Juan March, instalado en Biarritz, entregó un cheque en blanco al marqués de Luca de Tena, propietario del diario ABC, para financiar la operación, y éste encargó a Luis Bolín, corresponsal del ABC en Londres, el alquiler del avión. Con el asesoramiento de Juan de la Cierva contrató a dos miembros del London's Authors' Club, el editor Douglas Jerrold y el espía Hugh Pollard, y un bimotor De Havilland D.H.89 Dragon Rapide con piloto, el capitán Bebb. El avión había pertenecido al duque de Gales y se encontraba en el aeropuerto de Croydon. En principio se pensó en un hidroavión, pero no encontrándose ninguno disponible la elección recayó en un avión modelo Dragon Rapide.
Para no despertar sospechas sobre el viaje, el avión llevaba como pasajeros a un mayor inglés en la reserva, a su hija y a una amiga, a los que ofrecieron viajar gratis como turistas a Tenerife. El piloto se perdió a la altura de los Picos de Europa y el avión tuvo que regresar a Biarritz para repostar gasolina. Tras este incidente continuaron volando hasta Lisboa y posteriormente hasta el aeropuerto de Gando, en la isla de Gran Canaria, tras una escala en Casablanca. Los turistas debían continuar su vuelo hasta Tenerife, donde tenían que dar el extraño mensaje de "Galicia saluda a Francia" a un médico.
El 12 de julio el avión ya se encuentra en Casablanca en espera de concretarse el día del pronunciamiento. Ese mismo día Franco envió un comunicado cifrado a Mola en el que planteó su retirada alegando "geografía poco extensa", lo que significaba que no se unía al plan por considerar que no se contaba con suficientes apoyos. Cuando le llegó el mensaje a Mola, montó en cólera y furioso tiró el papel al suelo. El general Sanjurjo sentenciaría que «con Franquito o sin Franquito» el alzamiento seguiría adelante. Finalmente, el día 14 de julio, después del asesinato de José Calvo Sotelo y la reacción que esta muerte causó en la derecha y en sectores del Ejército, Mola recibió otro mensaje de Franco que le transmitía su decisión de unirse a la conspiración [09].
El 16 de julio el general Mola se entrevistó con su superior, el general de división Domingo Batet, en el monasterio de Irache. Preguntado sobre su participación en la inminente sublevacion, Mola negó la misma, dándole incluso su palabra de honor, cosa que convenció al general Batet, quien así informó al gobierno.
Tras varios retrasos, el general Mola finalmente fijó el inicio del levantamiento para el 18 de julio a las 17:00 horas; pero los acontecimientos se precipitaron en Melilla, que se alzó en armas contra la República el 17 de julio, de manera que a las 21:00 horas esta plaza norteafricana española estaba en poder de los sublevados.
[01] Cierva, Ricardo de la. 1936. Ante el Alzamiento. Episodios Históricos de España, número 33. Madrid, 1997, pág. 44.
[02] Cierva, Ricardo de la. Op. cit., pág. 48.
[03] En el incidente de Carabanchel estuvieron también presentes los generales Villegas y Caballero; tras la destitución de ambos, Goded presentó su dimisión a Azaña, quien se la aceptó.
[01] Martínez Bande, José Manuel. Monografías de la guerra de España, nº 1: La marcha sobre Madrid. Servicio Histórico Militar. Librería Editorial San Martín, Madrid, 1982. Pág,s. 14 y 15.
[02] Martínez Bande, José Manuel. Monografías de la guerra de España, nº 1: La marcha sobre Madrid. Servicio Histórico Militar. Librería Editorial San Martín, Madrid, 1982. Pág,s. 14 y 15.
[02] Martínez Bande, op. cit, pag. 18.
[03] Moa, Pío. 1936: El asalto final a la República. Editorial Altera. Barcelona, 2005. Pág. 61.
[04] Moa, Pío, op. cit, pág. 88 y 89.
[05] Rivera Chamnorro, Joaquín, Hacia la guerra civil, episodio 94 "La reunión de generales", minuto 38.
[06] Uno de los muertos fue Andrés Sáenz de Heredia, de 24 años, primo de Jose Antonio Primo de Rivera; otros dos fueron Manual Rodríguez Gimero, de 30 años, y Luis Rodríguez Verges, de 23 años. José Luis Llaguno Acha, estudiante y militante carlista, fue herido de gravedad. El teniente Castillo estuvo a punto de ser linchado por los miembros de la comitiva del duelo, y sus hombres tuvieron que sacarlo del lugar. Trasladado a la Dirección General de Seguridad, prestó declaración y fue puesto en libertad sin cargos. Algunas fuentes le señalan como el autor material de los disparos contra Sáenz y Llaguno.
[07] Moa, Pío, op. cit, pág. 147.
[08] La tesis más comúnmente aceptada por la izquierda es que los compañeros del teniente Castillo, especialmente Fernando Condés, organizaron un grupo con el propósito de asesinar al jefe de la CEDA José María Gil-Robles, pero al no encontrar a este en su domicilio se encaminaron al de José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, al que se llevaron de su domicilio, burlando a sus escoltas con una orden de detención falsa, y tras dispararle Luis Cuenca Estevas dos tiros dentro del coche en el que iban, dejaron su cadáver en el depósito del cementerio del Este.
Esta tesis es desmentida por Luis Romero en su libro "Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo" (Editorial Planeta, 1982), donde afirma que el autor de los dos tiros fue Victoriano Cuenca. Afirma también que la reacción fue espontánea y como reacción al asesinato de Castillo. El grupo ejecutor estaba formado por varios guardias de asalto (Orencio Bayo Cambronera, los tenientes León Lupión y Barbeta, el guardia civil José del Rey y el capitán Condés, Bienvenido Pérez, Ricardo Cruz Cousillos, Aniceto Castro Piñeira, un número del Escuadrón de Seguridad que es asistente del hermano de Barbeta, y algunos más) y algún civil (Manuel Tagüeña, Francisco Ordóñez y Federico Coello García, todos ellos miembros de las milicias de las Juventudes Socialistas). En total, el grupo está formado por 18 o 19 miembros y a la 01:30 de la madrugada el teniente Lupión les ordena que tomen la camioneta número 17 y que estará al mando del capitán Fernando Condés (este hecho, que un capitán de la Guardia Civil tome el mando de una camioneta de la guardia de Asalto, es una irregularidad manifiesta, pero ante la que todos callan. Además, que este capitán vaya vestido de civil lo hace ya una ilegalidad). Al llegar al domicilio de Calvo Sotelo, el capitán Condés (vestido de paisano) ordena y distribuye las fuerzas, unos fuera y otros al domicilio, con los que irá él al frente. En el portal se enfrentan (verbalmente) a los dos guardias de seguridad que protegen a Calvo Sotelo, también un sereno que pasaba por allí. Condés enseña su carnet de la Guardia Civil y todos callan. Condés sube al domicilio junto con los civiles José del Rey y Victoriano Cuenca, entre otros. Les acompañan algunos guardias de Asalto uniformados. Tras entrar y obligar a salir a Calvo Sotelo, éste consiente finalmente cuando Condés le enseña su carnet de Guardia Civil. No obstante, al despedirse de su esposa dice que debe estar tranquila y que la llamará en cinco minutos desde la Dirección de Seguridad "si es que estos señores no me llevan para pegarme cuatro tiros". Ya en la camioneta, es Victoriano Cuenca, sentado justo detrás de Calvo Sotelo, quien le da dos tiros en la nuca.
César Vidal, sin embargo, sostiene que el asesinato de Calvo Sotelo ya se habría decidido el 9 de mayo de ese mismo año en una reunión de un supuesto grupo de masones, de la que citan como fuente la supuesta confesión de uno de los participantes, Urbano Orad de la Torre, en una entrevista concedida a un extinto periódico de ultraderecha, El Imparcial. Sin embargo, el propio Orad de la Torre escribió dos días después a El País negando cualquier implicación de la masonería, y acusando a El Imparcial de "injurioso e inexacto en sus titulares y contenido". (FUENTE: Wikipedia, voz José del Castillo Sáenz de Tejada).
[09] La información sobre el Dragón Rapide de los tres últimos párrafos la hemos copiado de Wikipedia, voz "Dragon Rapide".